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Hace siete meses, en cortes californianas comenzó a litigarse sobre el fraude cometido por Desarrolladora Homex contra los inversionistas, tanto en México como en Estados Unidos. La SEC y la constructora sinaloense, trascendió más adelante, estaban en ruta de construir un acuerdo, previo pago de las multas correspondientes.

¿Y los contratantes de los créditos que no han recibido sus viviendas? ¿Y aquellos a los que entregaron casas a medio construir? Una demanda colectiva, cuyo primer suscriptor es Javier Tamez, también corre en la Corte del Distrito Sur. A esa instancia, el pasado 10 de octubre, los abogados de la SEC acudieron para requerir al exCEO de Homex, Gerardo de Nicolás Gutiérrez; al ex director financiero, Carlos Javier Moctezuma; al excontralor, Rafael Lafarga Bátiz, y al ex gerente de operaciones, Noé Corrales Reyes, quienes al menos durante seis años hicieron creer a las autoridades y al público inversionista que habían construido y vendido decenas de miles de viviendas cuando en realidad no habían hecho nada.

Ese día, la cotización de Homex registró una baja de 7.63 por ciento y detuvo dos semanas rampantes, impulsada por los reportes favorables para el sector de la construcción, después de los sismos de septiembre. Al final de la semana recuperó 6.67 por ciento.

Tan sólo entre el 2010 y el 2012, el fraude sumó al menos 44 mil millones de pesos en ingresos y al menos 100,00 en unidades vendidas, según consta en el escrito admitido en la Corte, que quedó bajo el expediente 3:17-cv-02086-JAH-AGS.

Los informes remitidos por Homex a la SEC para los años fiscales 2010, 2011 y 2012 “pintaban una imagen altamente productiva y financieramente atractiva” de la empresa. Esos documentos llevaban la firma de De Nicolás y Moctezuma, pero después de las indagatorias del órgano regulador estadounidense descubrieron que en realidad la viviendera era “marcadamente improductiva y financieramente inviable”.

La elaboración de los informes financieros entregados en esos años a la SEC y la Bolsa Mexicana de Valores estuvo a cargo de Lafarga, Corrales y al menos otro empleado de Homex que obedecía sus órdenes, consta en el expediente.

Con el conocimiento de sus superiores, este trío de directivos ideó un sistema para eludir los sistemas internos de información y contabilidad de la empresa y hacer que los ingresos ficticios quedaran asentados en los libros. Esos sistemas computarizados se denominan SIA Construcción y Contpaq. El fraude, que implicó decenas de miles de registros de ventas ficticias de casas, se realizó manualmente y quedó al margen de auditorías y otros recursos de revisión.

Corrales y Lafarga concentraron la información en una hoja de cálculo que finalmente fue obtenida por los investigadores de la SEC, cuyos abogados han presentado ocho cargos distintos contra los exdirectivos de Homex por su “conducta engañosa” para reportar ingresos falsos y, al mismo tiempo limitar el crecimiento anormal del saldo de cuentas por cobrar derivado de la ficticia venta de viviendas.

De Nicolás y Moctezuma utilizaron esos mismos informes fraudulentos —según la SEC— para suscribir supuestos acuerdos de factoraje con al menos 13 bancos mexicanos. Las cuentas por cobrar eran al menos por 7 mi l500 millones de dólares, equivalentes a 97,000 millones de pesos.

De Nicolás obtuvo ganancias y evitó pérdidas por la venta de valores de Homex, incluso durante el primer semestre del 2013, mientras participan en el fraude financiero. Además, De Nicolás, Moctezuma, Lafarga y Corrales se beneficiaron cada uno del fraude, ya que facilitó el crecimiento del capital de la compañía, demoró su quiebra y, en el caso de De Nicolás, Moctezuma y Corrales, anticipó sus liquidaciones.

En el 2015, cuando Homex solicitó el concurso mercantil y procedió la intervención, por orden judicial, De Nicolás y Moctezuma nuevamente remitieron los informes falsos sobre las finanzas.

EFECTOS SECUNDARIOS

SINUOSOS. Caminos y Puentes Federales, de Benito Neme, quiso proteger las comunicaciones de la red de autopistas adscritas al Fondo Nacional de Infraestructura. El contrato para la prestación de esos servicios, por 75 millones de pesos, fue asignado a Redisegno.com, distribuidora en México de los productos de Barracuda Networks. La primera, propiedad de Edgar Chake Corella Flores y la segunda, representada por Enrique Agustín Martínez Salgado, quienes en el camino tuvieron diferencias y buscaron resolverlas con filtraciones y escándalos mediáticos. La dependencia federal canceló la asignación hace un año y desde entonces, los dimes y diretes entre los otroras socios han escalado hasta terminar en las Cortes de California, donde Redisegno reclama una indemnización de 5 millones de dólares a Barracuda Networks por la “pérdida financiera” ocasionada por la rescisión del contrato. La demanda ingresó justo hace un mes.

VOCES. Los ciudadanos le tomaron la palabra a los partidos del Frente Ciudadano por México. Enrique Krauze, Verónica Baz, David Calderón, Viridiana Ríos y más de 500 personajes de la sociedad civil se reunirán mañana en Convento de San Hipólito con Alejandra Barrales, Ricardo Anaya y Dante Delgado. Ciudadanos Opinan es un foro que busca incentivar la participación de la sociedad civil en el diagnóstico y diseño de políticas públicas. En el Foro participarán organizaciones civiles dedicadas al análisis, evaluación y diseño de políticas públicas, así como especialistas y líderes sociales.